El 12 de marzo se declaró estado de emergencia sanitaria en Ecuador, ante la expansión del coronavirus; esta condición permite agilizar la contratación pública liberando los controles previos, causa que abrió las puertas a una plaga de corrupción derivada de la epidemia. Con el escándalo de sobreprecios en insumos médicos y fundas para cadáveres del IEES, seguido de la adquisición de 7.000 kits alimenticios con sobreprecios por la exdirectora de la secretaría de gestión de riesgos, Alexandra Ocles.
El pasado 27 de mayo, la Fiscalía allanó oficinas del Municipio de Quito, en el Centro Histórico, y de la Secretaría Metropolitana de Salud, al norte de la ciudad, como parte de una investigación previa ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100 000 pruebas PCR. No hubo detenidos en casi una docena de allanamientos que se dieron en dos días seguidos.
Las pesquisas que se han realizado esta semana en Quito y Guayaquil, dejan como resultado 37 allanamientos y 17 detenidos, entre ellos el expresidente Abdalá Bucaram, involucrado en presunto delito de peculado en la compra de insumos médicos relacionado con el IEES. Fernando Rosero, abogado defensor de Abdalá Bucaram señaló que tener mascarillas o pruebas de COVID-19 en casa no es un delito, dijo que el delito es el sobreprecio y cree que de eso la Fiscalía no tiene prueba alguna, pues aún no ha sido notificado de que su cliente sea vinculado a alguno de los dos delitos que se investigan: peculado o asociación ilícita.
El Prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fue detenido por tráfico de influencias y malversaciones en el manejo de recursos públicos en la prefectura. Dentro de las medidas ordenadas por la justicia, Morales tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente ante las autoridades competentes.
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